Campo y Agricultura

Propone reconocer la política rural como una política de seguridad nacional y diseñar un programa de agricultura campesina y familiar productiva y de exportación, con fomento de la productividad, la agricultura y la ganadería.

Plantea titular 3 millones de nuevas hectáreas entre 2026 y 2030 como política de acceso a tierra, y crear un 'Fondo de Tierras' para campesinos sin tierra.

Propone reducir los aranceles a los insumos de la producción agropecuaria, crear 1,5 millones de nuevos empleos rurales, y crear una Escuela de Emprendedores Rurales para formar a campesinos con capacitación técnica y financiera.

Señala que el 48% de los colombianos son de zonas rurales, con un 23,8% de pobreza rural, un 44% de informalidad en el campo, y que solo el 6% de la tierra cultivable está siendo utilizada; propone cambiar esta realidad con inversión productiva.

Propone seguridad para los campesinos, vías terciarias, electrificación rural y conectividad en el campo, así como acceso al agua potable para las comunidades rurales.

Propone la Política de Desarrollo Productivo Agropecuario (PDPA) para pasar de un agro extensivo y de baja productividad a uno intensivo, tecnificado y competitivo, vinculando al menos el 50% de los pequeños y medianos productores de alimentos a procesos de transformación agroalimentaria en cuatro años.

Establece que cada proceso de formalización o adjudicación de tierras estará acompañado de un paquete productivo completo: proyecto productivo financiado, asistencia técnica permanente, acceso a crédito, infraestructura productiva y acceso a mercados, convirtiendo la tierra en una herramienta real de generación de ingresos.

Plantea implementar el catastro multipropósito en todo el país, reduciendo drásticamente los tiempos de formalización de propiedad rural y simplificando trámites para registro y titulación, dando seguridad jurídica a millones de predios rurales y creando condiciones de confianza para la inversión productiva.

Propone transformar el agro colombiano para producir más y mejor con menor huella ambiental, con una Plataforma Nacional Agroclimática Inteligente que integre datos climáticos y productivos, un Plan Nacional de Restauración Productiva y mecanismos de financiamiento verde y mercados de carbono.

Establece el Programa Nacional de Exportación Agroindustrial para aumentar la inteligencia comercial y la apertura de nuevos mercados, modernizando medidas sanitarias y fitosanitarias, desarrollando sistemas de certificación y trazabilidad alimentaria y promoviendo acreditaciones de calidad y origen.

Plantea una estrategia integral de modernización del café basada en tres pilares: Nueva Generación Cafetera (jóvenes con educación, tecnología y mercados globales), un Programa estructural de productividad y rentabilidad con renovación de cafetales e innovación tecnológica, y el fortalecimiento institucional cafetero.

Propone impulsar el desarrollo sostenible de la Altillanura como nuevo motor de crecimiento agroindustrial, mediante ordenamiento territorial claro, inversión en infraestructura, educación rural, investigación agrícola y promoción de proyectos productivos sostenibles que generen empleo e inclusión regional.

Establece fortalecer las capacidades técnicas y fiscales de los municipios rurales modernizando el predial rural, fortaleciendo las secretarías municipales de agricultura y planeación, y destinando recursos para financiar bienes públicos rurales estratégicos como vías terciarias, sistemas de riego e infraestructura logística.

Propone desarrollar apuestas productivas regionales con inversión pública focalizada: la inversión pública se orientará a habilitar y conectar a los productores por tipo de producto, articulando diversas fuentes de financiación y asistencia técnica, crédito barato y precio de compra garantizado para sus cosechas, con énfasis en pasar de micronegocios de autoempleo a empresas con empleos formales y cadenas productivas nacionales y de exportación.

Plantea en la Amazonía fortalecer los programas que ofrecen ingresos a campesinos e indígenas por la conservación de la selva y la restauración de áreas degradadas, como clave para combatir la deforestación y los cultivos ilícitos.

Establece en Llanos y Orinoquía consolidar la región como epicentro del desarrollo agroindustrial y la seguridad alimentaria, con diversidad de cultivos incluyendo soya, maíz, arroz, cacao y piscicultura, y aprovechamiento de productos de la bieconomía como el cacay y el moriche, con modelos asociativos fiduciarios para que los campesinos sean dueños de la tierra y socios directos de la creación de valor.

Propone en Sur Oriente y Piedemonte Amazónico la transformación productiva hacia la ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles, integrando la conservación de los ecosistemas de la naturaleza, con base productiva diversa de frutales, arroz, piscicultura y café, fortalecidas mediante cadenas agroindustriales de valor agregado y con potencial exportador.

Plantea que el Estado actuará como garante de los flujos financieros en la Amazonía, asegurando que se traduzcan en inversión directa para el bienestar social y la protección de la estructura ecológica principal y las comunidades indígenas, con formalización predial y actualización del catastro multipropósito para facilitar el acceso al crédito y programas estatales.

Propone mejorar la asignación y coordinación de subsidios para hogares en pobreza moderada con servicios de educación y empleabilidad: fortalecer la autonomía económica y la movilidad social de las personas a través de becas educativas y de entrenamiento laboral, combinándolos con los servicios de cuidado y subsidios de pobreza.

Propone un campo seguro, digno y competitivo: otorgar líneas de crédito sin trámites a través de casas de agroinsumos, entregar tierras con proyectos productivos y asociatividad para acceder a maquinaria y tecnología, y terminar los procesos de entrega ya iniciados.

Plantea formalizar 3 millones de hectáreas para que los campesinos puedan aprovechar mejor sus tierras, y generar 1 millón de nuevas áreas en cultivos y agroindustria con zonas francas rurales.

Propone dar subsidios a pipetas de gas en zonas con mayor consumo de leña, logrando que 1 millón de familias dejen de cocinar con leña.

Plantea que el campesino debe acabar los cultivos ilícitos con apoyo del Estado y se convierta en socio de empresas que los transformen, bajo la política de sustitución de cultivos forzosa y generosa.

Propone acompañar a los informales del campo: créditos, cooperativas, formación en oficio, capital semilla y tecnología, para que ser informal no sea una condena a ser pobre.

Propone una Revolución Agraria con siete elementos: redistribución de un millón de hectáreas de tierras fértiles, restitución de tierras robadas, crédito agrario, asistencia técnica, precios justos para maíz, arroz, leche, papa y café, e institucionalidad agraria reconstruida.

Plantea que el Estado compre directamente la producción campesina como nuevo programa central de la política agraria, garantizando precios de sustentación y mercado seguro a los pequeños productores.

Propone centros de acopio, plantas de transformación y redes de comercialización administradas por asociaciones campesinas, que conecten la producción del campo con las ciudades.

Plantea recuperar cadenas productivas históricamente desmanteladas como algodón, fique, yuca, café y arroz, como base de la soberanía alimentaria.

Propone construir una red de abastecimiento alimentario que conecte el campo con las ciudades y posicione a Colombia como potencia agroalimentaria global.

Plantea que el acceso al agua potable en zonas rurales es el primer eje de la revolución agraria, y propone un Fondo Nacional por el Derecho al Agua para financiar esta meta.