Género y Cuidado

Plantea enfrentar la violencia contra la mujer como un problema estructural con atención psicológica y jurídica 24/7, atención a las mujeres y sus hijos, y formación para el trabajo con un 40% de los cupos en programas de emprendimiento económico digital.

Propone redistribuir 200.000 cuidadoras en Colombia con 300.000 millones de pesos de inversión, impulsar un programa STEM que continúe el de mujeres de alto rendimiento en ciencias y tecnología, y tutorías y mentorías para que las mujeres logren sus metas.

Señala que en 2024 el 82,6% de las mujeres ejercen el trabajo no remunerado, que las mujeres tienen 7 horas diarias de trabajo en el hogar, y que la brecha en salarios formales es de 18%; propone cerrar estas brechas con políticas específicas.

Propone llenar vacíos en la economía del cuidado reconociendo el trabajo no remunerado, y crear espacios de Guarderías Confidenciales para dar acompañamiento psicológico a las víctimas de feminicidio potencial.

Propone cero tolerancia a las violencias basadas en género, garantizando justicia sin impunidad y atención integral para todas las mujeres, actualizando la Política Nacional incluyendo mecanismos de prevención, atención, protección y sanción de las Violencias Basadas en Género con plena implementación de la ley.

Plantea garantizar en todo el país la Política de Salud Sexual y Reproductiva, actualizando y poniendo en marcha una vida plena para las mujeres, combatir el embarazo adolescente y asegurar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todo el territorio nacional.

Establece fortalecer el Sistema Nacional de Cuidado con un marco institucional, programático y financiero que asegure su sostenibilidad y expansión, buscando establecer en 200 municipios Sistemas Locales de Cuidado rurales y urbanos mediante cofinanciación, asistencia técnica y lineamientos nacionales.

Propone incrementar en un 20% la participación de las mujeres en el empleo formal para 2030 y buscar que 200.000 mujeres emprendedoras salgan adelante mediante los Fondos Nacionales de Emprendimiento Femenino, con crédito blando, acompañamiento técnico y transformación digital.

Plantea institucionalizar el 8 de marzo de gabinetes paritarios en toda la rama ejecutiva y asegurar que al menos el 50% de las empresas apoyadas en programas de reconversión productiva estén lideradas por mujeres y el 30% por jóvenes.

Establece ampliar las Escuelas de Liderazgo y Participación Política de las Mujeres, reforzar el programa nacional de apoyo a las organizaciones de mujeres rurales, comunales y lideresas ambientales, y fortalecer los Consejos Consultivos y Mesas de Participación de Mujeres a todos los niveles.

Propone reconocer el trabajo de cuidado no remunerado, fortalecer los servicios de cuidado para que no recaigan solo en las mujeres y construir un país donde nadie quede desprotegido, con un Sistema Nacional de Cuidado fortalecido para enfrentar el envejecimiento poblacional.

Propone implementar el Sistema Nacional de Cuidado como política central para reducir la sobrecarga de trabajo no remunerado y aumentar la participación laboral de las mujeres, operando con manzanas de cuidado en centros poblados y modalidades pertinentes en zonas rurales, con servicios institucionalizados que liberen tiempo y recarga a mujeres y jóvenes.

Plantea fortalecer el mecanismo/institucionalidad de género con autonomía técnica y capacidad de articulación intersectorial, con financiación y seguimiento a resultados, para articular cuidado, empleo y seguridad como estrategia con coordinación institucional y resultados medibles.

Propone impulsar la autonomía económica de las mujeres ampliando el acceso a empleo, crédito y oportunidades en sectores estratégicos; un programa de un millón de becas educativas y de entrenamiento laboral con subsidios para el empleo; y crear incentivos al autoempleo y micronegocios para mujeres.

Establece garantizar un enfoque poblacional transversal que proteja la vida y la autonomía de las mujeres frente a las violencias de género, que frene la exclusión y los crímenes de odio contra la población LGBTIQ+, y que respete la interculturalidad y los saberes ancestrales de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Propone crear y operar el Sistema Nacional de Cuidado y Protección Social a nivel municipal con corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y la comunidad, institucionalizando el cuidado público-privado-comunitario desde la primera infancia hasta las personas mayores y con discapacidad, elevando a las mujeres de la sobrecarga de cuidado no remunerado.

Plantea promover la participación y el liderazgo de las mujeres en espacios de decisión pública y en la vida económica, y fortalecer la línea nacional de atención, reduciendo la impunidad mediante mayor capacidad de la Fiscalía y asegurar protección integral a las víctimas de violencia de género.

Propone cerrar las brechas de género con políticas focalizadas en mujeres cabeza de hogar, con subsidio directo, crédito y apoyo en el cuidado de sus hijos, llegando al bolsillo en segundos vía billetera digital.

Plantea mejorar el sistema de cuidado infantil: 10 centros en ZOMAC, 100 unidades mejoradas, reducción de la brecha de cobertura rural en al menos el 55 %, y 20.000 mujeres formalizadas a través de organizaciones comunitarias con 50.000 cuidadoras tituladas.

Propone que el 100 % de entidades públicas tengan flexibilidad y licencia de paternidad de por lo menos 4 semanas, y que la gran mayoría de los títulos de propiedad estén a nombre de las mujeres para empoderarlas y protegerlas de la violencia intrafamiliar.

Plantea contrato, salud y pensión para cuidadoras comunitarias, reconociendo el cuidado como infraestructura social, y autonomía económica para la eliminación de la violencia: 100.000 mujeres con acceso a crédito y reducción de brecha de cuidado.

Propone la inversión para emprendimientos liderados por mujeres de en promedio 2 millones de pesos por cada una, para capital semilla con acompañamiento integral para lograr formalización, generación de ingresos y transformación psicosocial.

Defiende la paridad plena en la participación política y en las listas electorales, reconociendo a las mujeres como actores políticos centrales de la transformación social.

Propone que las asociaciones de cuidado lideradas por mujeres puedan ser contratistas directas del Estado, reconociendo económicamente el trabajo de cuidado.

Plantea combatir el patriarcado y el feminicidio como parte de la agenda de derechos y justicia del gobierno.

Incluye derechos específicos para las mujeres campesinas en el programa agrario, reconociendo sus condiciones laborales particulares y su papel central en la economía rural.