Justicia

Propone un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción con unidades de investigación especializadas y un fondo de reparación que utilice recursos incautados a los corruptos para compensar daños sociales.

Su programa se articula alrededor de una "revolución ética": un cambio profundo en la conciencia, la cultura y la educación para combatir la corrupción estructural.

Ha liderado demandas contra reformas del gobierno Petro, incluyendo la reforma pensional, argumentando vicios de inconstitucionalidad.

Propone una reforma profunda a la justicia que incluya la unificación de las altas cortes, la creación de salas especializadas en la JEP para brindar seguridad jurídica a la Fuerza Pública, y el uso de tecnología e inteligencia artificial para agilizar los procesos judiciales.

Propone una reforma a la justicia: creación de la Fiscalía Antimafia, Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana, y transformación del INPEC en gendarmería.

Propone presupuestos participativos, datos abiertos y sanciones más estrictas a contratistas incumplidos como medidas anticorrupción.

Estrategia anticorrupción basada en cuatro pilares: SANCIONAR (sin vacíos legales), VIGILAR (trazabilidad total e información abierta), RECUPERAR (incautar bienes antes de condena), PREVENIR (cultura de integridad).

Solo sin alianzas oscuras se tiene la autoridad para liderar esta batalla frontal.

Presentará una reforma constitucional el 8 de agosto. Propone que el Fiscal General sea elegido por la Corte Suprema a partir de un concurso de méritos. Propone eliminar la Procuraduría, distribuyendo sus funciones entre la Defensoría del Pueblo y una unidad especializada en la Fiscalía.

Crear una Agencia Nacional Anticorrupción bajo la Presidencia con autoridad para investigar, sancionar y recuperar activos.

Propone crear un bloque de búsqueda anticorrupción liderado personalmente por el presidente, que integre a la UIAF, Policía, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para recuperar recursos mediante extinción de dominio exprés en 25 a 30 días.

Propone construir megacárceles financiadas con capital privado bajo un modelo de concesión, ubicadas en zonas aisladas sin acceso a señal de telecomunicaciones, con seguridad a cargo de una fuerza especializada de veteranos del Ejército.