Salud

Propone un plan de $50 billones para la salud, reconociendo que Colombia no es una crisis humanitaria sino el resultado del abandono de las EPS, y plantea restablecer el flujo de recursos hacia los prestadores.

Plantea hacer una transición responsable que preserve lo que funciona y fortalezca lo que es débil: capacitar al médico general, mejorar la infraestructura hospitalaria, e inyectar tecnología médica con telemedicina para mejorar el diagnóstico temprano y hacer seguimiento.

Propone proteger pacientes crónicos y poblaciones vulnerables, hacer más eficiente la gestión del ADRES desde la administración, llevar el sistema a las regiones más apartadas con brigadas de salud, y garantizar que el médico gane más.

Plantea revisar las contrataciones de las EPS para que sean especializadas en salud y no en burocracia, e implementar el plan contra la corrupción e ineficiencia en la inversión pública, e implementar el Bloque Anticorrupción en el sector de la salud.

Señala que en 2025 se registraron 3.636 fallecimientos por falta de atención médica, con 710.000 reclamos ante las EPS, 732.000 pacientes en espera de cirugía, y que 2.449 personas tienen un 90% de recibir una atención tardía.

Propone instalar en los primeros 100 días un Puesto de Mando Presidencial para garantizar el derecho a la salud, realizar auditorías independientes a las EPS intervenidas, revisar su situación financiera y adoptar medidas urgentes para restablecer la liquidez del sistema.

Plantea recalcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con criterios técnicos y sostenibles, realizar auditorías independientes a las EPS priorizando las más grandes, y fortalecer la Superintendencia de Salud, promoviendo un nuevo acuerdo de punto final con hospitales y aseguradoras.

Propone construir de manera gradual un modelo territorial de salud en todo el país, garantizando prestación efectiva y articulada en cada municipio y departamento, con cumplimiento riguroso de estándares de calidad y adecuado funcionamiento técnico, administrativo y financiero de las EPS.

Establece fortalecer la Atención Primaria en Salud como base del sistema, con redes territoriales de atención, medicina familiar y comunitaria, prevención de enfermedades crónicas y atención integral en salud mental, priorizando en los primeros meses intervenciones en Catatumbo, Cauca y Chocó.

Plantea modernizar el sistema mediante interoperabilidad de historias clínicas, telemedicina, inteligencia de datos y sistemas de información poblacional, implementando compras basadas en valor y acuerdos de acceso administrado para medicamentos de alto costo, reduciendo desperdicio y corrupción.

Propone impulsar la formalización laboral del talento humano en salud, mejorar condiciones laborales, fortalecer la formación en especialidades prioritarias, ampliar cupos de residencia médica e implementar incentivos para el ejercicio profesional en zonas rurales y apartadas.

Establece una Estrategia Nacional de Salud Mental como prioridad, fortaleciendo la implementación de la legislación vigente, con mayor asignación de recursos, funcionamiento regular del Consejo Nacional y de los Consejos Departamentales de Salud Mental, y rutas de atención con énfasis en jóvenes y prevención del suicidio.

Propone actuar en dos frentes en salud: resolver la crisis actual y construir un nuevo sistema de salud que afronte la realidad demográfica futura. Reconstruirá la confianza entre prestadores, pacientes, academia y Estado, superando la fragmentación actual con un Sistema Nacional de Salud y Cuidado integral, equitativo y sostenible.

Plantea implementar un Sistema Mixto e Integral de Salud que articule los servicios de salud con servicios de cuidado, salud mental y preventiva, acompañando a las personas en todo su ciclo vital, superando la fragmentación actual y transformando al ciudadano de paciente de tratamientos a persona con derechos y servicios integrales.

Propone elaborar un nuevo estudio actuarial, tecnología en salud y plan de beneficios explícito, que refleje la realidad demográfica, epidemiológica y cultural de toda la población del país, para actualizar cómo y qué tipos de cuidados necesita en los diferentes ciclos de la vida, garantizando equidad e incorporando la salud mental, la discapacidad y el envejecimiento como prioridades.

Establece un Sistema de información en salud para la atención con calidad y confianza: implementar un sistema de información unificado, público, interoperable y transparente, centrado en el paciente, que permita gobernar con evidencia, reducir costos, autorizaciones y tiempos de espera, y cerrar espacios a la corrupción.

Propone aplicar lo aprendido durante la pandemia con gestoras y prestadoras con límites y controles a la integración vertical, con auditoría pública rigurosa y transparente, tablas de precios unificadas por servicios y regiones, con planes de beneficios explícitos por zona urbana, centro poblado y zona rural, con mecanismos de pago con auditoría tecnológica transparente.

Propone medidas de choque en los primeros 100 días: crear un Puesto de Mando Unificado (PMU) 24/7 en Presidencia con participación de todas las entidades del sistema, resolver 10 millones de atenciones represadas en medicamentos, citas y procedimientos, y hacer compras centralizadas transitorias de medicamentos prioritarios.

Plantea pagar la deuda del Estado a prestadores vía titularización con la condición de que se pongan al día en tratamientos represados, y ajustar la UPC para 2027 según las necesidades reales de cada paciente, premiando los resultados en salud.

Propone el programa de hospitales padrinos: el especialista llega al campo, no al revés, cubriendo los 32 departamentos y los 8 distritos, generando 100.000 atenciones en zonas rurales por medio de hospitales padrinos, telemedicina y participación de las comunidades.

Propone inyectar 9 billones de pesos al sistema: 3 billones para garantizar el suministro oportuno de medicamentos, priorizando zonas de difícil acceso y poblaciones vulnerables; y 6 billones para el pago de deudas acumuladas a clínicas, hospitales y EPS.

Plantea recuperar el sistema mixto y solidario de salud para que entidades públicas y privadas puedan participar en el mejoramiento de la calidad y el servicio a los pacientes, con mejores condiciones laborales para médicos y enfermeras.

Propone atención en salud mental: 30 centros de atención (mejoras y adaptación de casas de justicia), 80 % de consultas con tamizaje y telemedicina, y cobertura psicosocial en colegios con 16 equipos en las 16 principales ciudades.

Se opone a la privatización del sistema de salud instaurada por la Ley 100 de 1993 y defiende una reforma democrática de la salud que devuelva la administración del sistema al Estado.

Resalta como logro del gobierno actual el despliegue de 10.000 equipos básicos de salud que llegaron a 7,5 millones de hogares colombianos, especialmente en zonas rurales antes desatendidas.

Destaca la creación del SISPI (Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural) como un avance en el reconocimiento de los derechos en salud de los pueblos indígenas.

Menciona que el subsidio para adultos mayores se duplicó, beneficiando a más de un millón de personas a través del programa Colombia Mayor, como parte de la protección a la tercera edad.

Señala que se adelantan 1.300 proyectos de infraestructura hospitalaria en todo el país, como inversión en la capacidad instalada del sistema de salud público.