Seguridad

Propone aumentar el gasto en seguridad y defensa en cerca de 20 billones de pesos durante el cuatrienio, con el objetivo de alcanzar niveles de inversión cercanos al 4 % del PIB.

Plantea el Plan 30-30: incorporar 30.000 nuevos militares y 30.000 nuevos policías, logrando consolidar un pie de fuerza de cerca de 530.000 hombres.

Plan 30-30: incorporaremos 30 mil nuevos militares y 30 mil nuevos policías a nuestras fuerzas, logrando consolidar un pie de fuerza robusto y profesional de cerca de 530 mil hombres.

Propone invertir en tecnología de defensa: drones de última generación, ciberinteligencia, y mejorar la presencia territorial, movilidad de tropas y vigilancia aérea y marítima.

Plantea la acción envolvente de la Fuerza Pública para capturar extorsionistas, militarización estratégica inmediata en vías y regiones con riesgo de secuestro, y parques y entornos escolares seguros y libres de drogas.

Propone la asfixia financiera a grupos ilegales mediante extinción de dominio exprés, convirtiendo los bienes ilícitos en recursos para el Estado y programas sociales.

Plantea reconstruir y fortalecer las relaciones estratégicas en materia de inteligencia y cooperación internacional, incluyendo la integración de Colombia en el Escudo de las Américas de Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

Propone la sustitución de cultivos forzosa y generosa: reactivar la fumigación en zonas con cultivos ilícitos industriales sin afectar la salud ni los ecosistemas, e implementar una política antidrogas eficaz en incautación y control de precursores químicos.

Plantea crear un marco diferencial para el uso de la fuerza con seguridad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública, y promover una ley que regule la protesta social y castigue el vandalismo.

Propone reformar la justicia en tres niveles: justicia contra las mafias con mínimas garantías y máximos controles (liderada por la Fiscalía Antimafia); justicia ordinaria para delincuencia común; y justicia restaurativa para conflictos sociales, coordinada con alcaldías y servicios sociales.

Plantea crear la Fiscalía Antimafia como primer nivel de justicia, con sometimiento a máximas sanciones y aislamiento indefinido para criminales de las mafias de corrupción, narcotráfico y crimen organizado transnacional, con capital confiscado que se reinvertiría en las regiones.

Propone consolidar el Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana integrando la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y el sistema judicial ordinario, reforzando presencia y operación eficaz en todas las regiones y en coordinación con las alcaldías.

Establece una reforma y transformación del INPEC hacia una gendarmería carcelaria con tecnología, cero corrupción, mayor capacidad y desarrollo de la industria penitenciaria, distinguiendo cárceles para cada uno de los tres niveles de justicia, con regímenes diferenciados para responsables de mafias.

Plantea fortalecer el Ministerio de Defensa y Soberanía Nacional ampliando el pie de fuerza de las Fuerzas Militares y de Policía, sus capacidades operativas, de inteligencia, sistemas de combate, formación y entrenamiento, con cooperación internacional multilateral a través de la OTAN y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

Defiende un Estado soberano, capaz y con liderazgo global en la seguridad en las Américas, ejerciendo plenamente la autoridad sobre el territorio, protegiendo a su población y actuando con autonomía estratégica frente a amenazas transnacionales como el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal y los ciberataques.

Propone reducir la violencia basada en género: fortalecer la capacidad de investigación y sanción de la justicia ordinaria para que feminicidios, violencia intrafamiliar y crímenes de odio contra la población LGBTIQ+ tengan castigos rápidos y ejemplares.

Plantea cumplir con las víctimas: garantizar la reparación integral y el cumplimiento efectivo de los acuerdos de paz, asegurando el cumplimiento de lo pactado con la ciudadanía y las regiones.

Propone el Plan Guardián con tres prioridades: recuperar el control territorial del Estado frente al crimen organizado, fortalecer la seguridad ciudadana en coordinación con alcaldes y gobernadores, y cerrar el paso al crimen transnacional mediante el control efectivo de fronteras y la cooperación internacional.

Plantea recuperar en los primeros 100 días la inteligencia estratégica y el trabajo conjunto entre la Fiscalía, la UIAF, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para atacar las finanzas del crimen organizado, priorizando el desmantelamiento de redes de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal y otras economías ilícitas.

Propone aumentar en 40.000 el número de policías profesionales durante el cuatrienio y fortalecer el modelo de vigilancia comunitaria con tecnología para la prevención y persecución del delito, priorizando zonas con mayores niveles de hurto, extorsión y violencia urbana.

Establece duplicar los grupos Gaula en todo el territorio nacional para combatir la extorsión y el secuestro, incorporando herramientas tecnológicas de investigación, inteligencia y análisis de datos para desarticular redes criminales.

Propone construir cinco nuevas cárceles para reducir el hacinamiento y liberar a más de 3.000 policías que hoy custodian personas detenidas en estaciones y unidades judiciales, con una reforma estructural del sistema penitenciario para reducir la corrupción.

Plantea planes de desarrollo integral de seguridad y bienestar territorial en regiones como Catatumbo, Cauca, Chocó, Sierra Nevada de Santa Marta y Sur de Bolívar, combinando control territorial, desarrollo integral con proyectos en infraestructura y servicios, y participación activa de comunidades.

Propone una estrategia de protección de niños, niñas y jóvenes frente al reclutamiento criminal, articulando educación, cultura, deporte, empleo juvenil y apoyo psicosocial, creando Entornos Protectores en familia, escuela y comunidad.

Propone destruir 350.000 hectáreas de coca y talionar de todas las rutas del narcotráfico, recuperar el control territorial y eliminar la dependencia del narcotráfico mediante la captura de los mandos, la extinción de dominios, el control de rutas y la erradicación de cultivos.

Plantea reconstruir la Fuerza Pública para que sea fuerte, honesta y respetable en sus principios democráticos, y crear una 'Primera Línea de Seguridad' con veteranos y reservistas.

Propone desarrollar economías ilegales, recuperar el control territorial, incautar y destruir armas, y crear un 'Bloque de Búsqueda contra la Extorsión' para combatir el crimen organizado.

Presenta cifras del problema: más de 27.000 integrantes de grupos armados ilegales activos, 107.924 desplazados y 126.825 confinados en el último año; 12.392 extorsiones y 481 secuestros; 110.000 homicidios en 2024 y 7.884 toneladas potenciales de cocaína.

Defiende la independencia judicial como requisito para combatir eficazmente el crimen y el narcoterrorismo, rechazando cualquier negociación que comprometa la soberanía del Estado.

Sostiene que la seguridad sin justicia social es una mentira, y que el enfoque de militarización exclusiva ha fracasado. La paz en los territorios requiere primero resolver las necesidades básicas de agua, energía y vías.

Llama a los grupos armados a respetar a la población civil y a entrar en procesos de diálogo, condicionando la paz a que cesen los asesinatos de líderes sociales.

Propone que la reforma laboral, el trabajo digno y las oportunidades para la juventud son la mejor política de seguridad, al eliminar las condiciones estructurales que llevan al reclutamiento forzado.

Plantea que la revolución agraria elimina las causas estructurales de la violencia al dar tierra, ingresos y oportunidades a poblaciones históricamente excluidas, reduciendo así el campo de acción de los grupos armados.