Corrupción y Transparencia

Propone acabar con la corrupción eliminando los espacios de intermediación opaca, los fondos sin control y la contratación hecha a medida de mafias políticas. La contratación pública será transparente, competitiva y vigilada, con sanciones ejemplares para corruptos y recuperación efectiva de los recursos robados.

Plantea crear un tribunal especializado para investigar de manera expedita los procesos de contratación pública desde los pliegos hasta la ejecución, con capacidad para identificar procesos amarrados, corregir oportunamente y sancionar de manera efectiva a responsables públicos y privados.

Establece la Fiscalía Antimafia como herramienta central anticorrupción: estará a cargo del primer nivel de justicia, con sometimiento a máximas sanciones y aislamiento indefinido para criminales de las mafias de corrupción, narcotráfico y crimen organizado, con fortalecimiento de capacidades de investigación y judicialización de redes corruptas.

Propone transformar la Procuraduría reorientándola hacia la prevención disciplinaria y la vigilancia de la contratación pública, con capacidad para identificar riesgos de corrupción y corregir irregularidades de manera oportuna, y activar sanciones efectivas en coordinación con las entidades competentes.

Plantea fortalecer las entidades técnicas, implementar una política fiscal responsable y creíble, y establecer canales de diálogo con el sector privado y las comunidades para acordar las políticas públicas y proyectos de desarrollo regional y nacional, recuperando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Propone construir credibilidad mediante una regla fiscal y una regla de crecimiento económico que establecen que los gastos totales no pueden seguir creciendo más que los ingresos del gobierno, con recortes de gasto burocrático y búsquedas de eficiencia.

López fue la primera candidata presidencial en suscribir los 10 compromisos contra la corrupción promovidos por el Instituto Anticorrupción, a los que sumó cinco medidas adicionales de su programa de gobierno, entre ellas la modernización de la contratación pública, mayor transparencia en la financiación de campañas y garantías para quienes denuncien actos de corrupción.

Esta es la historia de mi vida, la lucha contra la corrupción. Es un honor ser la primera candidata presidencial que se compromete no con 10, sino con 15 compromisos anticorrupción concretos.

López propuso la creación de un Tribunal de Aforados para juzgar a altos funcionarios y una Fiscalía Antimafia especializada en perseguir estructuras criminales con capacidad de infiltrar la política y la contratación pública, con el objetivo de que casos emblemáticos de corrupción avancen sin los privilegios o filtraciones que han debilitado la justicia.

En el marco del análisis de propuestas presidenciales anticorrupción publicado por El Tiempo, López planteó, entre otras medidas, la descentralización del Departamento Nacional de Planeación, la implementación de presupuestos participativos, datos abiertos y sanciones más estrictas para contratistas incumplidos.

Propone que el presidente y sus ministros sean ejemplo de transparencia, con contabilidades auditadas directamente por el presidente de la República y sanciones penales por enriquecimiento ilícito.

Plantea una reforma de la contratación pública con publicación de toda la contratación en línea, manejo honesto y transparente en la asignación de recursos del Estado.

Señala que se pierden $10 billones anuales que se han robado en el sistema de salud, $2 billones en TIC, $970 millones en vivienda, $544.900 millones en educación y $16.000 millones en deporte, y propone recuperar estos recursos mediante el Bloque Anticorrupción.

Propone que todas las actuaciones de la contratación pública sean revisadas por un sistema de Información Inversión Pública modernizado, y que los contratos públicos sean auditables en tiempo real por la ciudadanía.

De la Espriella denunció ante la Corte Suprema un supuesto esquema de corrupción en la aprobación de la reforma a la salud del gobierno Petro, alegando que se desviaron recursos públicos del sistema de salud para comprar votos en el Congreso.

De la Espriella calificó la consulta interna del Pacto Histórico como un ejercicio sin ley de garantías, en el que el gobierno usa el poder del Estado a su favor, y anunció acciones legales para impugnarla.

Es un festín de corrupción sin ley de garantías

Como propuesta de campaña, De la Espriella plantea la creación de un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción dirigido directamente por el presidente de la República, junto con una reforma al estatuto de contratación pública, estimando que combatir la corrupción podría representar un ahorro de hasta ochenta billones de pesos anuales.

Propone cero cargos para quienes tengan las manos manchadas: una línea roja absoluta en el nombramiento de funcionarios y aliados políticos, rechazando cualquier persona condenada por corrupción o dineros ilegales.

Plantea llevar la contratación pública a un nuevo nivel de transparencia con control en tiempo real: cada etapa del proceso será visible, trazable y abierta al escrutinio ciudadano mediante blockchain, con un sistema de registro permanente accesible a cualquier ciudadano, medio o veeduría (API).

Propone herramientas de analítica de datos con inteligencia artificial para identificar riesgos en los contratos —cambios de última hora o posibles fraccionamientos— y generar alertas tempranas para prevenir irregularidades.

Plantea realizar auditoría forense a entidades intervenidas, iniciando un arqueo de cuentas inmediato a entidades como la Nueva EPS para encontrar faltantes y responsables.

Propone impulsar una reforma estructural a la financiación política para que las reglas sean obligatorias con control efectivo y sanciones reales, y fortalecer los mecanismos de denuncia con canales directos, protección efectiva e incentivos vinculados a la recuperación de recursos públicos.

Plantea que la presidenta tendrá un correo personal para recibir denuncias, que ella personalmente perseguirá para sacar a los corruptos del gobierno.

Valencia criticó al gobierno Petro por los casos de corrupción interna, señalando que el gobierno aplica una doble vara: acusa de corruptos a todos, pero desvincula su propia gestión de los escándalos que le afectan directamente.

La teoría del gobierno es todos somos corruptos, pero la corrupción de su gobierno no tiene que ver con ellos.

En réplica televisada al discurso del presidente Petro sobre el salario mínimo, Valencia lo acusó de usar un discurso político como cortina de humo para ocultar actos de corrupción, e identificó al gobierno Petro como el más corrupto en la historia del país.

Este es el Gobierno más corrupto de la historia de Colombia.

Tras la condena a 23 años del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez por corrupción, Valencia manifestó que su movimiento respeta las decisiones de la justicia y no será tolerante con la corrupción de ningún sector.

Respetamos las decisiones de la justicia. Acompañaremos con todo empeño la lucha anticorrupción. Jamás seremos complacientes con la corrupción de nadie. Manos limpias siempre.

Propone transformar la Secretaría de Transparencia en una Agencia Anticorrupción con contratación basada únicamente en mérito e integridad, crear el Tablero de la Transparencia para rendir cuentas periódicas al público, y expedir un Decreto Presidencial que exija que todos los proponentes en licitaciones puedan ser identificados públicamente.

Plantea presentar al Congreso una Ley de Lobby que obligue a registrar reuniones y relaciones entre funcionarios públicos y grupos de interés, así como la protección integral a denunciantes de corrupción para garantizar seguridad a quienes revelen irregularidades.

Establece abrir el presupuesto al escrutinio ciudadano integrando plataformas de gasto, contratación y ejecución presupuestal en sistemas de datos abiertos, publicando las declaraciones de renta de altos funcionarios y fortaleciendo la trazabilidad de los recursos públicos.

Nuestro principio será claro: cada peso público debe tener muchos ojos y pocas manos.

Propone identificar y presentar al país los 30 proyectos de inversión pública de mayor impacto económico y social sometidos a un régimen especial de transparencia y control preventivo, instalando mesas de trabajo de fuerzas especiales anticorrupción y la Unidad de Congelamiento Urgente de Activos.

Plantea promover una política nacional de integridad pública con formación obligatoria para servidores del Estado, fortalecimiento de oficinas de control interno y participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos.

Fajardo presentó su plan anticorrupción en diciembre de 2025, afirmando que la forma en que se llega al poder determina la forma en que se gobierna, y que solo desde una campaña sin alianzas oscuras se tiene la autoridad moral para liderar una lucha frontal contra la corrupción.

Solo sin alianzas oscuras se tiene la autoridad para liderar esta batalla frontal.

En diciembre de 2025, Fajardo propuso transformar la Secretaría de Transparencia de la Presidencia en una Agencia Nacional Anticorrupción que centralizaría funciones dispersas entre la Fiscalía, la Procuraduría y la DIAN, y permitiría la recuperación de bienes ilícitos antes de sentencia firme para destinarlos a reparación social.

En abril de 2026, Fajardo adoptó la escoba como símbolo de campaña y presentó un decálogo de diez medidas anticorrupción junto a su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla, haciendo de la transparencia el eje central de su programa de gobierno.

La escoba es el poder de los que no tienen poder, de los que trabajan, cumplen y han pagado la corrupción de otros. Primero limpiamos, luego construimos.

Propone crear un Sistema Nacional de Lucha contra la Macrocorrupción que persiga redes criminales completas, no solo individuos, reconociendo que la corrupción opera como sistema organizado.

Anuncia una Ley de Austeridad Republicana con cinco medidas concretas desde el primer día: reducción de gastos suntuarios, control de contratos de publicidad oficial, eliminación de comisiones innecesarias, reducción de cargos de libre nombramiento y recorte de viáticos y gastos de representación.

Distingue entre 'austeridad republicana' —recortar los lujos del Estado— y 'austeridad neoliberal' —recortar el gasto social—, rechazando esta última y defendiendo la inversión pública en servicios esenciales.

Propone el Banco del Pueblo como mecanismo de transparencia que cortocircuite los canales de corrupción y clientelismo al conectar directamente los recursos del Estado con las comunidades beneficiarias.

Plantea tolerancia cero con la corrupción dentro de su propio gobierno, persiguiendo con determinación la evasión tributaria y la malversación de fondos públicos.

En una entrevista sobre su aspiración presidencial, Cepeda afirmó que ningún gobierno en Colombia ha estado libre de cogobernar con la corrupción, reconociendo además que en la administración Petro hubo actos corruptos por los que siente vergüenza. Descartó prometer la eliminación total de la corrupción por considerarlo demagogia, pero reiteró su compromiso de combatirla con mayor rigor.

No hay ningún gobierno que no haya cogobernado con la corrupción.

En un evento en Cali, Cepeda presentó la Ley de Austeridad Republicana como herramienta central contra la corrupción. Propuso reducir salarios del Presidente y ministros, eliminar lujos en el alto gobierno y someter los contratos y bienes del Estado a supervisión especial para prevenir irregularidades. Señaló que la austeridad debe comenzar desde las más altas esferas del poder.

El Gobierno debe apretarse el cinturón, no el pueblo.

En un acto de campaña en Pitalito (Huila), Cepeda presentó su propuesta de Ley Anticorrupción, que busca tipificar la corrupción como delito grave y eliminar beneficios procesales como la casa por cárcel para grandes corruptos. Anunció también la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción con presencia territorial para prevención, investigación y reparación a víctimas.

En nuestro segundo gobierno el combate contra la corrupción será implacable.